ABU DHABI – Los discursos de los políticos sobre la desigualdad tienden a ser parcos en cuanto a hechos, pero expansivos en cuanto a propuestas ideológicas. Una explicación caritativa para la baja calidad del discurso público sobre la desigualdad del ingreso en las economías en desarrollo y emergentes, es que en ellas los datos acerca de la distribución del ingreso suelen ser escasos o dudosos. Sobre un tema de la importancia de éste, los debates por lo general generan más calor que luz.

Pero esto podría estar llegando a su fin a través de un nuevo conjunto de estudios. Liderado por Nora Lustig, profesora de economía especializada en América Latina, un equipo del «Commitment to Equity Institute» de la Universidad de Tulane ha desarrollado extensas bases de datos relacionados con el estado de la distribución del ingreso, y asimismo con los efectos de las políticas públicas relativas a dicha distribución. De importancia crucial es que las cifras son similares a través de un conjunto amplio de países de ingresos medios y bajos, y también concuerdan con los datos existentes en relación a países avanzados. Las conclusiones preliminares que están surgiendo de estos estudios van a iluminar los debates políticos – y probablemente desagradar a los ideólogos tanto de derecha como de izquierda.

Empecemos, como afirma Lustig en un estudio reciente, con el hecho de que la desigualdad del ingreso a nivel mundial no va en aumento. La forma más frecuente de medir la desigualdad es empleando el coeficiente de Gini, el cual asigna el valor cero a la igualdad perfecta y 100 a la desigualdad perfecta (cuando una sola persona recibe todos los ingresos). En los países para los cuales existen datos, el puntaje promedio de este coeficiente (no ponderado según la población) declinó levemente, de 39 a 38, en el período 2000-2010.

Efectivamente, en los países ricos, durante este mismo período, el puntaje se elevó – de 29,8 a 30,4. Pero, en América Latina cayó estrepitosamente, de un escandaloso 55,1 en 2000 – que hacía de este continente la región más desigual del mundo – a un 50,2, todavía muy alto, diez años después. El valor de Gini también disminuyó en el sur de Asia. En el África Sub-sahariana, donde los datos son menos ciertos, parece haber permanecido relativamente constante.

Todavía más, la desigualdad al parecer está bajando precisamente donde era más aguda para empezar. Esto es válido para regiones, especialmente América Latina, tanto como para países, por ejemplo, Brasil y Sudáfrica.

Por lo tanto, la afirmación que con frecuencia se escucha de que el aumento de la desigualdad es el hecho económico central de nuestros tiempos, probablemente se deba a una disparidad de otro tipo: el impacto desproporcionado que los medios noticiosos y los expertos de países ricos tienen en los debates internacionales.

Otro conjunto de resultados que por cierto no va a ser del agrado de los derechistas fanáticos, es que las políticas fiscales redistributivas pueden tener y, de hecho, están teniendo, un impacto significativo en la reducción de la desigualdad. En una comparación de países de ingresos medios de Asia, África y América Latina, Lustig muestra que los coeficientes de Gini después de los impuestos y las transferencias (incluido el valor monetario de la educación y de los servicios de salud) son contundentemente más bajos que los correspondientes a los de los ingresos iniciales generados en el mercado.

La caída promedio para los nueve países emergentes que Lustig compara – entre ellos, Sudáfrica, que es en extremo desigual – es más de tres puntos (55,7 a 52,5). El mismo ejercicio, que trata a las pensiones como consumo diferido y, por lo tanto, abstrae del papel redistributivo de las pensiones entre las poblaciones de más edad en las economías avanzadas, arroja una caída de siete puntos en Estados Unidos y de un poco más de nueve puntos en la Unión Europea. Es decir, los países emergentes están progresando – aunque podrían hacerlo considerablemente más.

Sin embargo, esto no significa que los activistas deberían exigir mayores impuestos y más gasto público en todas las circunstancias. La calidad de los programas fiscales es de importancia fundamental. El tamaño del sector público en Brasil es casi el doble del de Chile – donde la recaudación tributaria anual equivale a alrededor del 20% del PIB, en contraste con alrededor del 40% (las estimaciones varían) en Brasil. En este último, además, el gasto social (tratando, otra vez, a las pensiones como consumo diferido) también es el doble: 16% en comparación con 8% del PIB en Chile.

De acuerdo a Lustig, no obstante, el efecto en la desigualdad que tiene la redistribución por parte del gobierno, es el mismo en los dos países: una caída de casi cuatro puntos en el coeficiente de Gini. Lo que Lustig no explora es que el contraste es aún más agudo si uno toma en cuenta que, en relación al PIB, el gobierno brasileño gasta considerablemente menos en infraestructura que el chileno. Es difícil no llegar a la conclusión de que parte del gasto público en Brasil sirve más bien para mantener convenientemente callados a ciertos grupos de interés políticos.

Un caso que vale la pena señalar es el de Bolivia, donde los gobiernos izquierdistas han aumentado de manera considerable el gasto en el sector del bienestar social. Sin embargo, según lo revela otro estudio, debido a que las transferencias monetarias no están enfocadas exclusivamente en los pobres sino que son universales, su efecto distributivo en general no es progresivo sino neutral.

Otro elemento de rotunda importancia es que los impuestos y las transferencias no constituyen la única forma de luchar contra la desigualdad. En estudios anteriores, Lustig y sus colegas muestran que una prima salarial en declive – es decir, una disminución en la brecha salarial entre trabajadores con mayor o menor preparación – explica parte del descenso en el coeficiente de Gini en los países latinoamericanos. No es fácil desentrañar el papel que desempeñan la oferta y la demanda en la reducción de la prima salarial, pero al parecer ambos factores han incidido.

Por el lado de la demanda, las devaluaciones de los tipos de cambio hicieron que las exportaciones no tradicionales se volvieran más competitivas y ayudaron a elevar la demanda de obra de mano relativamente no especializada. Por el lado de la oferta, un fuerte aumento en los años de escolaridad, y especialmente el acceso a estudios superiores, produjo un notable incremento en el número de profesionales y otros trabajadores altamente capacitados, lo que contribuyó a disminuir sus sueldos relativos.

Todo esto es positivo para la distribución del ingreso, pero los procesos políticos resultantes permanecen tensos. Es posible que los activistas estudiantiles que exigen (junto con el resto de la sociedad) una distribución más justa de los recursos, no deseen enterarse de que el aumento en el número de profesionales con frecuencia obedeció a la rápida y polémica expansión de universidades privadas – a veces con fines de lucro – y que esto explica parte de la disminución de la desigualdad.

De manera similar, a los hombres y mujeres jóvenes que con dificultad llegaron a la universidad con la expectativa de lograr una remuneración relativamente alta, al graduarse no les agrada descubrir que, por ejemplo, los sueldos de periodistas y psicólogos aumentan de modo mucho más lento que los de técnicos en computación o de operarios de maquinaria. En efecto, esta frustración es algo subyacente (aunque no siempre de forma manifiesta) en muchas de las últimas protestas estudiantiles en América Latina y en otros lugares del mundo.

En resumen, la desigualdad del ingreso resulta ser políticamente controvertida cuando empeora, como también cuando tiende a declinar. Estudios como los dirigidos por Lustig iluminan las inevitables controversias y, así, éstas podrían dejar de conducir a simples animosidades para dar paso a la creación de políticas mejores.

Columna de Andrés en The Project Syndicate