SANTIAGO – Cuando los líderes del Mercosur se reunieron esta semana en Caracas, la atmósfera se cargó con los acostumbrados pronunciamientos en contra del imperialismo – como también con una inequívoca sensación de desgaste.

Por lo general, se describe al Mercosur como un grupo comercial, pero de hecho desde su inicio ha sido una institución netamente política. Brasil, el principal poder de la región, siempre lo ha considerado un contrapeso a Estados Unidos en los asuntos hemisféricos. Los gobiernos peronistas de Argentina lo utilizaron para promocionar la integración pese a haber hecho poco o nada para remover las verdaderas barreras comerciales. Y la integración de la Venezuela de Hugo Chávez en 2006 hizo aún más patente el giro del bloque hacia tendencias populistas.

Personalmente, recuerdo la frustrante experiencia de asistir a las reuniones del Mercosur como ministro del gobierno chileno (Chile es miembro asociado) a fines de la década pasada: eran muy extensas en planteamientos y discursos, pero se quedaban cortas al momento de llegar a acuerdos sustanciales sobre lo que fuere.

En la cumbre de 2006 en Córdoba, cuando Chávez y Fidel Castro se trabaron en una competencia sobre quién podía pronunciar el discurso más largo e inconsecuente, reinaba el buen ánimo entre los impulsores de Mercosur. Bolivia, también gobernada por un populista carismático, mostraba ansiedad por desarrollar vínculos más cercanos, lo mismo que pasó poco después en Ecuador. Algunos países más pequeños de América Central y el Caribe optaron por la misma línea política a cambio de recibir generosos aportes monetarios y petrolíferos de Venezuela. En ese entonces, los líderes del Mercosur afirmaban que podían ofrecer «un modelo de desarrollo alternativo» para la región. Hoy nadie podría creer eso.

Esta semana en Caracas la sensación que reinaba era más bien fúnebre. El anfitrión Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, enfrenta una economía colapsada y tensiones dentro de su propio partido. Y a pesar de que el precio del petróleo está relativamente alto, Venezuela tiene un gran déficit fiscal y sus reservas en divisas van en disminución. Su tasa de inflación es la más alta de la región y la actividad económica se ha estancado.

Para enfrentar la frustración popular ante el deterioro de las condiciones de vida y poner fin a las protestas callejeras, el gobierno de Maduro ha recurrido a la represión violenta. El líder opositor Leopoldo López pasó meses en una prisión militar hasta que hace poco se lo sometiera a juicio. Instituciones como Human Rights Watch han denunciado repetidamente que el gobierno venezolano viola los derechos humanos y restringe los derechos civiles.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llegó a Caracas con la esperanza de conseguir apoyo para su lucha contra los llamados fondos buitre, que adquirieron bonos soberanos emitidos por su nación a precios muy bajos y que ahora han obtenido un pronunciamiento favorable en la demanda judicial que presentaron para obtener el pago total del valor de esos bonos. Pero Fernández pronto descubrió que las amables palabras de aliento pronunciadas por su colegas no tenían mayor peso. La decisión el mes pasado de la Corte Suprema de Estados Unidos, que confirmó el fallo de un tribunal de menor instancia contra Argentina, la puso en una situación muy difícil. Pagarles a los recalcitrantes bonistas hubiera significado perder prestigio y posiblemente desencadenado una serie de demandas judiciales similares; el no pago constituiría un default técnico y conllevaría inevitables costos. Fernández optó por esta segunda vía.

El acceso a capital extranjero es importante para Fernández porque ella, al igual que Maduro, enfrenta una economía estancada y una creciente escasez de dólares. Las medidas de estabilización interna que adoptó hace unos meses le permitieron ganar tiempo, pero no disiparon el temor a una recesión. En un esfuerzo para volver a tener acceso a los mercados de capital, el equipo económico argentino llegó a un acuerdo con el Club de París de acreedores soberanos y con la empresa española Repsol (ex propietaria de YPF, la gigantesca empresa petrolífera nacionalizada por Argentina), pero el conflicto con los buitres ha hecho retroceder al país. Y con la próxima elección presidencial programada para octubre de 2015, casi todos los posibles candidatos, incluso los de su propio partido, rápidamente se están distanciando del estilo autoritario de Fernández y de su problemático legado económico.

En Bolivia, el presidente Evo Morales ha recurrido a artimañas jurídicas y constitucionales para asegurarse un nuevo mandato presidencial. En teoría, Morales no podría volver a postularse para la presidencia después de haber cumplido dos mandatos, pero el tribunal constitucional boliviano ha sostenido que lo puede hacer. Ello porque la nueva constitución redefine al país como el Estado Plurinacional de Bolivia, de modo que Morales habría cumplido su primer período como jefe de otro estado. Cuando a Morales se le preguntó por qué quería volver a ser presidente, respondió que era porque la ex reina Sofía de España le había dicho «tienes que acabar tu obra» – una confesión más bien peculiar para un líder nacionalista.

Traducido del inglés por Ana María Velasco

Entrada original en Project Syndicate.org