Que el Estado deba garantizar una cancha pareja en materia de financiamiento no es lo mismo que deba asegurar educación gratis a quien sí pueden pagarla

Los anuncios sobre educación gratuita del 21 de mayo han logrado algo difícil: no dejar contento a nadie. Mientras algunos rectores se quejan de los requisitos para recibir los fondos, otros protestan (justificadamente) porque no recibirán fondo alguno. Los alumnos vulnerables de las universidades privadas no tradicionales se preguntan por qué tendrán que seguir pagando, mientras que los alumnos de las universidades estatales no tendrán que hacerlo.

Las ayudas públicas se distribuirán según las características de la institución (el dato arbitrario de si existía en 1981) y no las necesidades del estudiante (si su familia puede financiar su educación superior). Ello resulta a todas luces injusto.

La educación se constituye en un derecho efectivo precisamente en la medida que el dinero no es la barrera que permite o no ejercerlo. Por eso el principio justo en materia de financiamiento es el que enunció el Presidente Ricardo Lagos (otra cosa es que no haya podido aplicarse plenamente durante su mandato): el Estado debe garantizar que no haya joven en Chile que quede fuera de la educación superior porque no puede pagarla.

Ese principio corre para todas las instituciones, independientemente de su propiedad u origen. Si lo que preocupa -como debiera preocupar- es la calidad de la educación, entonces lo que corresponde es acreditar y fiscalizar a toda universidad o entidad de formación técnica, en vez de privilegiar a algunas en desmedro de otras.

Ahora, que el Estado deba garantizar una cancha pareja en materia de financiamiento no es lo mismo que deba asegurar educación gratis a quien sí pueden pagarla. Al llegar a Chile para iniciar su campaña presidencial, Michelle Bachelet afirmó que una profesional como ella tiene la responsabilidad de ayudar a financiar la educación universitaria de sus hijos. Toda la razón, Presidenta.

Los ideólogos de la gratuidad sostienen que es progresiva, en el sentido de que disminuiría la brecha entre ricos y pobres. Se equivocan.

En su libro “La Mala Educación”, el abogado Fernando Atria argumenta que hay que considerar las fuentes de financiamiento, no sólo sus usos. Y como los ricos pagan (o deberían pagar) la mayoría de los impuestos, entonces darles a ellos lo mismo que al resto -una educación gratuita- no resultaría regresivo.

Parte del argumento es de perogrullo: claro que la contribución neta (impuestos pagados menos beneficios recibidos) es lo que importa para decidir si una política es regresiva o progresiva. Pero sea cual sea la estructura tributaria, mientras más progresivo sea el gasto, más progresivo será el resultado neto de una política pública.

Los hogares de mayores ingresos gastan muchísimo más en educación superior que los pobres. Según las cifras del propio Atria, en un trabajo conjunto con la economista Claudia Sanhueza, el 10% más vulnerable de la población se lleva apenas 3,4% del gasto total, mientras que el 10% más rico se lleva el 24,4%. Es decir, bajo la gratuidad total, por cada peso que reciba un hogar vulnerable, un hogar de muy altos ingresos se llevaría más de siete pesos. ¿Puede alguien sostener sin sonrojarse que eso es justo?

Mucho más justo sería que los hogares acomodados paguen sus impuestos (bajo una estructura progresiva en la que los que ganan más pagan proporcionalmente más) y que además contribuyan al financiamiento de la universidad de sus hijas e hijos. Esa postura, en la que muchos creemos, está -usando las etiquetas tradicionales- a la izquierda de la de Fernando Atria.

El libro “La Mala Educación” ofrece un segundo argumento -también equivocado- a favor de la gratuidad para los ricos. Si pagan de su bolsillo, sostiene Atria, entonces gastarán más, “Y cuando llegue el momento de competir en el mercado, el que recibió una educación de 1000 ganará y el que recibió una educación de 10 perderá”.

No está en discusión que tamaña brecha en gasto es injusta. Justamente por eso es que el Estado tiene que financiar a quienes no pueden pagar. Pero financiarle el arancel universitario a los hogares más pudientes no servirá para acortar la brecha. Para ver por qué, pensemos en un hogar del 10% más rico de la población que paga dos aranceles universitarios de 250 mil pesos. Que el Estado pague esa cuenta sólo permitirá que la familia dedique al menos parte de la plata que antes iba a aranceles a libros, mejores computadores, o clases particulares de matemáticas e inglés. Esos jóvenes ahora contarán con 700 mil, 800 mil o hasta un millón mensual para su educación. La distancia con los hogares modestos aumentará.

Exceptuar a los más pudientes de contribuir a la educación de sus hijos es regresivo y con el diseño anunciado resulta especialmente injusto. Este proyecto se inscribe en el viejo conservadurismo de izquierda que busca privilegios para el Estado, no en un progresismo moderno y liberal que valora el esfuerzo y busca acabar con las discriminaciones. A eso aspiramos quienes queremos para Chile mayor inclusión y justicia social.

La Tercera