MEJORAR la confianza en las instituciones es una de las razones principales para impulsar reformas políticas, sobre todo en un país cuyo Congreso cuenta con bajísimos niveles de confianza entre la ciudadanía.

Es urgente poner en práctica reformas que legitimen la política. La eliminación del sistema electoral binominal apunta en esa dirección. Pero el nuevo sistema electoral debe ir acompañado de una serie de otras reformas, como el reordenamiento territorial y la descentralización, la modernización del Congreso, la mayor transparencia y competencia en el sector privado y, de modo prioritario, un cambio a las reglas sobre financiamiento de la política.

Una nota en este mismo diario entregó luces al respecto, al mostrar las grandes cantidades de dinero percibidas a través de aportes reservados en la última elección de diputados y senadores. Más allá de lo sorprendente que resulta la capacidad de ciertos senadores para recaudar casi un millón de dólares en aportes reservados, o el hecho de que estos aportes constituyan casi el 100% de los ingresos de campaña en ciertas candidaturas, asombra también la falta de transparencia en el financiamiento de campañas y la poca comprensión sobre el daño que esto hace a la democracia.

Chile ha construido una institucionalidad robusta y respetuosa de los procesos electorales, pero nuestra democracia debe perfeccionarse si queremos estar a la altura de los desafíos que nos plantea la ciudadanía. No puede resultar indiferente que haya candidatos que se financian a través de donantes anónimos, menos si estos donantes no son ciudadanos con derecho a voto, sino empresas o corporaciones que apoyan a ciertos candidatos a través del financiamiento de su campaña.

Cuando el Senado revise la reforma al sistema binominal, debe también hacerse cargo de este desafío. Un sistema político que les reconoce a sus ciudadanos el derecho a participar de los procesos electorales y de decisión, no puede permitirle también a empresas o corporaciones tomar parte en estas actividades en igualdad de condiciones a través de la donación de recursos. Por ello, la propuesta de los diputados Jackson y Mirosevic tiene sentido.

Si no sabemos quién financia las campañas, no sabremos a quién representa nuestro senador o diputado. Los procesos políticos que permiten elegir representantes le pertenecen a la ciudadanía, no a las empresas o corporaciones,

Por eso constituye un avance la prohibición de aportes reservados aprobada por el Congreso. Eliminada la posibilidad de hacer aportes reservados, debe generarse un marco jurídico que garantice transparencia en las donaciones, pero resguardando el derecho de todo ciudadano a aportar con su candidato económicamente y mantener reserva de su identidad respetando ciertos límites de donación.

En la discusión que viene, aquellos parlamentarios que aparecen recibiendo voluminosos aportes reservados podrán demostrar si el compromiso que adquirieron fue con la ciudadanía o con quienes anónimamente financiaron sus campañas.

Si la reforma toma fuerza en el Senado y cuenta con el respaldo de quienes están comprometidos de verdad con la democracia y la transparencia, la ciudadanía podrá volver a confiar en las instituciones.

Entrada original en Diario La Tercera