Este proyecto de ley tiene luces y sombras.

El punto de partida es valorable: reconocer que con la Reforma Previsional del 2008 se avanzó en la creación de un Pilar Solidario para los más vulnerables, pero todavía queda un desafío grande para aumentar las pensiones de otros chilenos y chilenas, incluyendo a la clase media.

Valoramos también que se reconozca que aumentar las pensiones va a requerir más ahorro, y que parte de ese mayor esfuerzo implica subir la tasa de cotización desde el actual 10%.

Celebramos asimismo que se ponga el foco en aumentar el elemento solidario y colectivo de nuestro sistema de pensiones. La seguridad social chilena debe ofrecer más seguridad y tener un carácter más social.

Habríamos preferido, sin embargo, que el grueso de este mayor esfuerzo solidario —que implica ampliar con nuevos elementos el Pilar Solidario creado el 2008—  fuera financiado de otras fuentes y no con lo que puede ser percibido por los trabajadores como un impuesto al empleo. Cuidar el empleo nos parece particularmente importante en un momento en que la cesantía va al alza en muchas regiones de Chile.

Respecto de la creación de un nuevo Consejo de Ahorro Colectivo, de carácter estatal, para administrar los recursos provenientes del alza en la cotización, habríamos preferido una opción más audaz, que hemos planteado en el pasado. Las AFPs cumplen dos labores muy distintas, que no tiene por qué efectuar la misma institución. Por un lado, recaudan fondos, llevan cuentas, envían notificaciones a los afiliados (labor de recaudación y administración ). Por otro lado, manejan la plata que financiará las futuras pensiones (labor de inversión y gestión).

Por eso hemos propuesto incentivar el recambio de las actuales AFPs por dos tipos de instituciones nuevas. Un ente, la Recaudadora (estatal o privado), que recaude y efectúe lo que el mundo financiero conoce como back office. Y un conjunto de Gestoras de Inversiones Previsionales (GIPs) que maneje los fondos previsionales (el antiguo 10% y el nuevo 5%) con el objetivo de obtener la mejor rentabilidad posible para los afiliados. Los costos de administración de la Recaudadora y las GIPs serían menores que los de las actuales AFP.

Esta alternativa nos parece preferible a crear un nuevo ente estatal para administrar fondos, con los costos y riesgos que eso conlleva.

Lamentamos asimismo que la propuesta del gobierno no haya abordado dos causas fundamentales de las bajas pensiones. Una es el mal funcionamiento del mercado laboral, que paga bajos sueldos y condena al desempleo a demasiadas personas —y especialmente a mujeres y jóvenes. Alguien que no tiene trabajo o gana muy poco no puede ahorrar, y por lo tanto probablemente tendrá una baja pensión, incluso si el Estado le brinda algún complemento previsional.

La otra causa de las bajas pensiones tiene que ver con la acelerada transición demográfica que vive Chile. La expectativa de vida ha subido aceleradamente en décadas recientes. Por lo tanto, con los mismos fondos el sistema debe financiar más años de  pensión. No es de sorprenderse, entonces, que las pensiones sean insuficientes. El problema afecta con especial gravedad a las mujeres, que en promedio jubilan más temprano y viven más años. Por eso, diversas comisiones de expertos  —incluyendo la nombrada por el actual gobierno— han propuesto vincular la edad de jubilación a la mayor expectativa de vida, y corregir asimetrías que afectan a las mujeres. Lamentablemente, el proyecto de ley que se enviará al Congreso no aborda ninguna de estas problemáticas.

Finalmente, se hace cada día más urgente reformar el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, que ha sido ampliamente abusado. Valoramos que el gobierno anuncie que intentará corregir algunos de estos abusos. Pero pensamos que hay ir más allá: gradualmente deberíamos transitar a un sistema único de pensiones para todos los chilenos, civiles y uniformados.

En resumen: hay avances en este proyecto de ley, pero también aspectos cuestionables. Lo que está claro es que por sí solo no traerá un cambio de fondo al sistema de seguridad social de Chile. Es imprescindible ser más audaces y abordar otros desafíos que por razones políticas la administración Bachelet ha dejado de lado.